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Mientras en Argentina el Congreso respondió a la movilización de más de un millón de mujeres en las calles pidiendo la liberalización del aborto hasta la semana 14 de gestación, varios parlamentarios colombianos se sintieron orgullosos de enviar una carta donde dicen: “Creemos que tendría gravísimas consecuencias para el hermano pueblo argentino y para todo nuestro continente esta ley”.
No hay que buscar mucho para llegar a una conclusión: mientras el mundo avanza, desarrolla su empatía y protege los derechos fundamentales de las mujeres, nuestros líderes políticos celebran vivir en el oscurantismo y utilizan argumentos falaces que buscan causar terror. ¿La Corte Constitucional seguirá dándole largas al aborto libre aunque toda su jurisprudencia y nuestra Carta Política apuntan hacia la necesaria defensa de la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida?
No fue fácil el proceso en Argentina, pero sí fue inspirador. Tal vez por eso las fuerzas conservadoras colombianas tiemblan al ver cómo un Parlamento se atreve a responder a las demandas de su gente y a la evolución de los tiempos. Mientras nuestra Rama Legislativa ha hecho fama de ser incapaz de enfrentar los temas que producen tensiones morales, como ocurrió con los derechos de las personas LGBT y lleva pasando muchos años con la reglamentación pendiente del derecho al aborto, al sur del continente nos dan cátedra de democracia representativa y, al mismo tiempo, nos retan. En 1921 había sido la última reforma de aborto en Argentina. Casi un siglo después la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) queda libre hasta la semana 14 de gestación. Sí, en el país de influencia del papa Francisco, las fuerzas políticas tuvieron la valentía de legislar sobre el aborto.
Argentina y Colombia se parecen. Hasta esta semana ambos países compartían las mismas causales que permitían el aborto: salud, por violación o por malformaciones del feto. Pero en el sur del continente reconocieron que esa despenalización parcial no es suficiente, que las mujeres deben tener la libertad de decidir sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida, que los embarazos no deseados son problemáticos a nivel individual y también social, y que las mujeres siguen abortando sea o no sea legal. Lo propio pasó en Ciudad de México en 2007 y Oaxaca en 2019, en México, donde permiten el aborto libre hasta la semana 12 de gestación. En Uruguay también es permitido hasta la semana 12.
Colombia suele presentarse a sí misma como una nación de vanguardia en América Latina, especialmente en la protección de los derechos fundamentales. Pero la realidad es otra. Para toda la rimbombancia de las promesas de nuestra Constitución, el oscurantismo religioso y moral ha estancado el necesario progreso en temas como el aborto. Peor aún, ha dejado a las mujeres desprotegidas, ha permitido los atropellos de las instituciones prestadoras de servicios de salud contra quienes desean ejercer su derecho al aborto, ha creado barreras innecesarias y ha enviado el mensaje injusto de que el Estado es el que manda sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. Eso debería cambiar.
La Corte Constitucional necesita responder de forma asertiva a las demandas que buscan el aborto libre. No hay motivos para seguir persiguiendo con la amenaza de cárcel a las mujeres que desean abortar. Hacerlo es cruel, injusto y una muestra de barbarismo digno del oscurantismo ideológico. Argentina nos dio el ejemplo a seguir. ¿Seguirán los magistrados, y el país de paso, con la cabeza enterrada en la tierra?
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